domingo, 18 de noviembre de 2007

Y QUE ES LO QUE ESTA PASANDO, DESPIERTA PUEBLO!

<FONT sans-serif?>Alto a la "Colombianización "de Puerto Rico

Por: Aleida Centeno

25 de septiembre de 2007

Es una agradable sorpresa que el Nuevo Día esté apoyando el trabajo que viene realizando Yanira Hernández Cabiya para dar a conocer parte de este elemento de corte fascista que ha llevado a los Estados Unidos a privatizar lo impensable: el monopolio del uso de la fuerza. Ya han privatizado las cárceles y las fuerzas bélicas en clara violación a los principios fundamentales que el estado de derecho nunca debe violentar.

Lo insólito es que sea el propio gobierno de Puerto Rico el que se esté ocupando de paramilitarizar a la sociedad. Todo parece indicar que el uribismo paramilitar se ha trasplantado a Puerto Rico aunque haya sido de forma clandestina.

Ya sabemos que ambos gobiernos que operan en Puerto Rico lo hacen bajo el manto protector del antijurídico y antipatriótico Patriot Act y que en ellos el FBI, la Policía y sus negociados encubiertos han delegado parte del trabajo de intervenir contra los que con Don Pedro Albizu Campos y Filiberto Ojeda Ríos insistimos en la libertad para Puerto Rico sin bases militares y sin ejércitos y policías secretas privadas.

Ni a Hitler y Goebbels se les ocurrió transgredir principios insoslayables e irrrenunciables del Derecho que habían sido conquistas de los movimientos sociales y las luchas contra la tiranía.

La idea misma del debido proceso de ley esta reñida con la privatización y delegación del monopolio del uso de la fuerza a mercenarios o la administración de las penas impuestas por los códigos penales.

El desgobierno de Puerto Rico no solo lo ha permitido porque se le haya impuesto por el estado corporativo fascista que pretende gobernar el mundo en contra de los principios fundamentales de la democracia.  El Gobierno del ELA ha asumido un papel mayoritario ya que, según la nota, posee más de la mitad de las acciones y ha aportado el uso de nuestros aeropuertos como bases para estos grupos de mercenarios y esbirros.

Eso explica que el aeropuerto de Aguadilla se haya convertido en centro de operaciones para operativos propagandísticos como el que hace dos años fue diseñado con el propósito de asesinar a Filiberto y deslegitimar el movimiento independentista. Así se justifican los asesinatos con impunidad.

Lo que no se explica es la complicidad del silencio de tantas organizaciones que han incumplido con su función de velar porque se respeten los derechos de todos.

Particularmente ensordecedor resulta el silencio del Colegio de Abogados que lleva 24 largos meses sin haber sometido a la consideración de los colegiados y el Pueblo de Puerto Rico sus hallazgos sobre la verdadera naturaleza del operativo de 23 de septiembre contra Filiberto.

Centenares de independentistas, miles de sindicalistas y ambientalistas y millones de puertorriqueños sufrimos en carne propia los excesos de policías, militares y paramilitares que campean como señores feudales asesinando ciudadanos, y persiguiendo con singular fervor el liderato de estos movimientos.

El allanamiento de moradas, la apropiación ilegal de documentos y computadoras, la persecución del liderato de sindicatos y la rampante corrupción y saqueo de nuestros recursos son secuela natural de la impunidad con la que operan estos mercenarios que también son reclutados para patrullar la frontera de los EEUU con México y ser parte del genocidio contra el pueblo de Iraq.

En los 36 años en que he sido parte de la defensa de los derechos de estos grupos no he visto una situación de mayor peligro para los derechos civiles de toda la ciudadanía.

Esta complicidad del silencio con la impunidad pone en peligro la vida de luchadores como Tito Kayak y el espacio de acción de los movimientos sociales que luchan por mantenerlo abierto para toda la ciudadanía.

Es preciso desarrollar una campaña de insurrección contra la impunidad y contra la privatización de las agresiones contra la ciudadanía. Es preciso evitar a toda costa la colombianización del estado de derecho en Puerto Rico y toda la cuenca del Caribe Nuestro.

Ese es el sendero por el cual quieren llevarnos a todos los que nos oponemos a la recolonización fascista del hemisferio de Las Américas.

<FONT face=Times New Roman?>NOTA: Los artículos periodísticos que siguen fueron incluidos por la licenciada Centeno al final de su columna y Elver Dugo Taims los publica como notas al calce de la misma.

Operan en la isla las empresas bélicas
Compañías de seguridad contratadas por el Pentágono reclutan personal, realizan negocios y utilizan aeropuertos en el País.

Publicado en El Nuevo Día / Puerto Rico
Por Yanira Hernández Cabiya /
yhernandez@elnuevodia.com

Al menos tres de las empresas privadas contratadas por el Pentágono para proveer seguridad en Irak y otras zonas de guerra, incluyendo la controversial Blackwater USA, han utilizado a Puerto Rico como parte de sus operaciones, según informes obtenidos por El Nuevo Día. Sheri Leonard, oficial de reclutamiento de la compañía de contratistas de guerra DynCorp International, confirmó que la empresa tiene una campaña en Puerto Rico para reclutar personal que se integre a una fuerza de seguridad privada en la volátil frontera entre Israel y Líbano. Además, DynCorp International tiene en el aeropuerto de Aguadilla, y junto al Gobierno de Puerto Rico, una empresa de reparación de helicópteros decomisados por el Ejército de Estados Unidos para enviarlos a países en guerra, como Irak y Afganistán.

El negocio opera bajo el nombre de Dyn Puerto Rico y el gobierno local tiene el 51% de las acciones, confirmó el secretario de Estado de la Isla, Fernando Bonilla. Entre los objetivos corporativos de Dyn Puerto Rico figura “ofrecer logística para cumplir con los compromisos con el Departamento de la Defensa de Estados Unidos”, según documentos de la compañía.

Mientras, aeronaves de Aviation Worldwide Services, una subsidiaria de Blackwater USA, han utilizado el aeropuerto de Aguadilla al menos en dos ocasiones, según bitácoras de vuelo de ambas naves suministradas a El Nuevo Día por una fuente que prefiere no ser identificada.

Las dos naves, con los registros NB65BW y BN966BW, aterrizaron en Puerto Rico en junio de 2006 como parte de gestiones para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés). No se informó dónde se originó el vuelo de las naves, ni el propósito de su visita a Puerto Rico, aunque se supo que poco antes habían estado en las Islas Turcas y Caicos y en la República Dominicana.

Desde la semana pasada, el gobierno del primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, intenta expulsar a Blackwater USA del país luego de que efectivos de la empresa mataran nueve civiles e hirieran 15 en un incidente en el que, al parecer, usaron fuerza excesiva.

Otra empresa con operaciones en la Isla es Military Professional Resources, encargada de los entrenamientos del Cuerpo de Oficiales de la Reserva del Ejército )(ROTC) en varias instituciones educativas, como la Universidad de Puerto Rico, mediante contrato con las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Tras la controversia desatada por la pesquisa contra Blackwater USA, diferentes organizaciones no gubernamentales han llamado la atención sobre las resbalosas reglas de juego que aplican a estas empresas de seguridad privada, que no están sujetas a las estrictas regulaciones de los ejércitos regulares y que muy a menudo son objeto de denuncias de abusos.

Para su reclutamiento en Puerto Rico, DynCorp colocó un anuncio en la página de internet de una reconocida empresa de búsqueda de empleos e indica que los interesados deben enviar sus resumés a la empresa matriz para ser evaluados.

Estados Unidos y la “colombianización” de México

Por: Manuel Vallejo.  ABP México.

El pasado lunes17 de septiembre, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó en conferencia de prensa que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) de México era una organización “pequeña pero violenta” que cometía actos terroristas y que con ellos beneficiaba indirectamente a los cárteles del narcotráfico, pues, a decir de Medina Mora, los recursos que el gobierno emplea para combatir a la insurgencia son necesarios para enfrentar a los traficantes de drogas.

A esta conclusión, casi metafísica, el procurador agregó que el EPR busca desestabilizar políticamente al Estado para tomar el poder. Esta verdad de Perogrullo fue acompañada de la afirmación de que en México “hay grupos que tienen expresiones de izquierda” con “alguna proximidad ideológica” con el pensamiento político de la organización “terrorista” (La Jornada 18/09/2007).
Así que el señor procurador resultó experto en el juego matemático estadounidense conocido como “Los seis grados de Kevin Bacon”, que consiste en hacer cadenas de relaciones entre personas (de seis eslabones como máximo) bajo la lógica de lo circunstancial. Es decir que, con ese método, podríamos relacionar fácilmente al escritor cubano José Lezama Lima con Adolfo Hitler sin que medie ninguna relación material entre ellos, sólo porque Lezama conoció al autor de un libro que a su vez conoció a un ex agente de la GESTAPO que a su vez conoció a un funcionario que en algún evento oficial estrechó la mano de Hitler.

Un juego aburrido, sin duda; pero utilizado como método de investigación policial y, sobre todo, como estrategia propagandística de autolegitimación de una política represiva en ascenso, el juego se vuelve tan absurdo como perverso.

Entonces, según la elemental elucubración del procurador Medina Mora, el EPR estaría vinculado al narcotráfico por la incapacidad (o complicidad, más bien) del gobierno frente al tráfico de estupefacientes, y las organizaciones de izquierda estarían relacionadas con las acciones militares del EPR espiritualmente, es decir, por coincidir con ellos en que México requiere una transformación social profunda; luego, los movimientos sociales que trabajan en la legalidad estarían relacionados con el narcotráfico y el “terrorismo” a través de un lazo etéreo entre los proyectos políticos de la insurgencia y lo que el gobierno no hace para frenar el narcotráfico.

Complicada por su alto grado de estupidez, esta trama huele a guerra. A guerra contrainsurgente abierta (con desplazamiento de tropas, operativos militares, Estado de Sitio, etc.) y velada (una forma mucho más conocida en el México de hoy: paramilitarismo, asesinato selectivo de dirigentes y militantes opuestos al régimen). Tal como se hizo en Colombia durante los años ochenta del siglo pasado, el régimen de Felipe Calderón está trabajando en levantar el entramado de la “narcoguerrilla” y los movimientos de izquierda afines. En Colombia fue Lewis Thambs, el embajador estadounidense de aquella época en Bogotá, quien impulsó esa campaña y bautizó con ese nombre a la expresión insurgente del pueblo colombiano; aquí en México, la asesoría la están prestando los avanzados discípulos de Thambs, los narcoparamilitares que mantienen tomado aún el gobierno en Colombia.
 
Las declaraciones de Medina Mora se dan a la sombra del llamado “Plan México”, estrategia contrainsurgente diseñada en Estados Unidos bajo el modelo del Plan Colombia, aplicado para someter a esa nación andina desde hace casi una década. El Plan México, al igual que su epígono colombiano, es una estrategia de recolonización y guerra pactada entre los Halcones estadounidenses y las mafiosas oligarquías locales.

De eso de “lucha contra el narcotráfico” no hay nada, es sólo un método propagandístico que sirve para “legitimar” ante la opinión pública la barbarie que se desata desde el poder establecido con la guerra contrainsurgente.

Si verdaderamente se quisiera detener y castigar a los narcotraficantes y sus albaceas, posiblemente veríamos tras las rejas a muchos altos funcionarios de Colombia, México y, sobre todo, de Estados Unidos.

Igual, irían a parar a las cárceles varios militares de alto rango, empresarios y ejecutivos de las transnacionales… Bueno, hasta “Chespirito”, el payaso consentido del cartel de Cali, tendría que dar explicaciones sobre sus narcoshows.

El sesgo político de la “guerra contra las drogas” lo reflejan los propios funcionarios estadounidenses. Por ejemplo, George W. Bush declaró recientemente que: "Venezuela  (…) ha fracasado demostrablemente en cumplir con su obligación bajo acuerdos antinarcóticos internacionales  y en cumplir acciones decretadas por leyes estadunidenses”. (La Jornada 18/09/2007)
 
La subsecretaria asistente de la DEA para asuntos internacionales en materia de narcóticos del Departamento de Estado, Christy McCampbell, fue más lejos aún: “Gobiernos como el de Bogotá están haciendo lo mejor que pueden para mantener la coca y la cocaína fuera de nuestro país”. Y sobre el gobierno mexicano: “ciertamente, el presidente Uribe ha... perdón, perdón, el presidente Calderón … ha hecho una excelente labor con su (lucha) antidrogas (...) está poniendo ahí sus tropas, ha realizado algunas detenciones enormes y grandes confiscaciones”. (La Jornada 18-09- 2007)

Las declaraciones del experto paramilitar y encargado por el gobierno estadounidense para América Latina, John Dimitri Negroponte, completan el panorama: “Lo que está en juego para nosotros es mucho más que la economía doméstica; es el éxito de una visión positiva para las Américas (…) lo que refleja nuestro interés nacional más básico de paz y prosperidad, y una visión que se ha convertido en una fuerza de unidad” ; después elogió la política paramilitar del gobierno colombiano, y señaló que los gobiernos de la región incondicionales a la Casa Blanca “Han abrazado la libertad política y económica como un camino hacia la justicia social, la prosperidad y la reconciliación”. (La Jornada 20/09/2007).

Pues el concepto de “Justicia Social” tampoco se escapó de la prostitución lingüística practicada por el actual gobierno de EE UU. Las enredadas declaraciones de estos funcionarios yanquis sólo confirman que están explorando nuevas formas de nombrar la injerencia y la invasión: Y Claro, si el original es falso la copia no tiene calificativo que alcance. Las palabras de Medina Mora para tejer la complicada red entre narcotráfico- guerrilla - movimiento social, sólo reflejan la desesperación de un gobierno que pide a gritos la intervención estadounidense para aplastar el descontento social que la oligarquía a la que representa ha generado.

La política intervencionista gringa cuenta con millones de dólares de respaldo; a muchos funcionarios y militares de alto rango del gobierno mexicano les atrae la idea de hacerse multimillonarios colaborando con la entrega de la soberanía nacional a los Estados Unidos. Puede ser que su plan resulte y sus finanzas privadas engorden espectacularmente, pero el costo político es muy alto. Ya se sabe que eso no les importa, pero al pueblo sí. Y es ese pueblo el que, a final de cuentas, construye la historia.
INDICE - Elver Dugo Taims