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El pasado lunes17 de septiembre, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó en conferencia de prensa que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) de México era una organización “pequeña pero violenta” que cometía actos terroristas y que con ellos beneficiaba indirectamente a los cárteles del narcotráfico, pues, a decir de Medina Mora, los recursos que el gobierno emplea para combatir a la insurgencia son necesarios para enfrentar a los traficantes de drogas.
A esta conclusión, casi metafísica, el procurador agregó que el EPR busca desestabilizar políticamente al Estado para tomar el poder. Esta verdad de Perogrullo fue acompañada de la afirmación de que en México “hay grupos que tienen expresiones de izquierda” con “alguna proximidad ideológica” con el pensamiento político de la organización “terrorista” (La Jornada 18/09/2007).
Así que el señor procurador resultó experto en el juego matemático estadounidense conocido como “Los seis grados de Kevin Bacon”, que consiste en hacer cadenas de relaciones entre personas (de seis eslabones como máximo) bajo la lógica de lo circunstancial. Es decir que, con ese método, podríamos relacionar fácilmente al escritor cubano José Lezama Lima con Adolfo Hitler sin que medie ninguna relación material entre ellos, sólo porque Lezama conoció al autor de un libro que a su vez conoció a un ex agente de la GESTAPO que a su vez conoció a un funcionario que en algún evento oficial estrechó la mano de Hitler.
Un juego aburrido, sin duda; pero utilizado como método de investigación policial y, sobre todo, como estrategia propagandística de autolegitimación de una política represiva en ascenso, el juego se vuelve tan absurdo como perverso.
Entonces, según la elemental elucubración del procurador Medina Mora, el EPR estaría vinculado al narcotráfico por la incapacidad (o complicidad, más bien) del gobierno frente al tráfico de estupefacientes, y las organizaciones de izquierda estarían relacionadas con las acciones militares del EPR espiritualmente, es decir, por coincidir con ellos en que México requiere una transformación social profunda; luego, los movimientos sociales que trabajan en la legalidad estarían relacionados con el narcotráfico y el “terrorismo” a través de un lazo etéreo entre los proyectos políticos de la insurgencia y lo que el gobierno no hace para frenar el narcotráfico.
Complicada por su alto grado de estupidez, esta trama huele a guerra. A guerra contrainsurgente abierta (con desplazamiento de tropas, operativos militares, Estado de Sitio, etc.) y velada (una forma mucho más conocida en el México de hoy: paramilitarismo, asesinato selectivo de dirigentes y militantes opuestos al régimen). Tal como se hizo en Colombia durante los años ochenta del siglo pasado, el régimen de Felipe Calderón está trabajando en levantar el entramado de la “narcoguerrilla” y los movimientos de izquierda afines. En Colombia fue Lewis Thambs, el embajador estadounidense de aquella época en Bogotá, quien impulsó esa campaña y bautizó con ese nombre a la expresión insurgente del pueblo colombiano; aquí en México, la asesoría la están prestando los avanzados discípulos de Thambs, los narcoparamilitares que mantienen tomado aún el gobierno en Colombia.
Las declaraciones de Medina Mora se dan a la sombra del llamado “Plan México”, estrategia contrainsurgente diseñada en Estados Unidos bajo el modelo del Plan Colombia, aplicado para someter a esa nación andina desde hace casi una década. El Plan México, al igual que su epígono colombiano, es una estrategia de recolonización y guerra pactada entre los Halcones estadounidenses y las mafiosas oligarquías locales.
De eso de “lucha contra el narcotráfico” no hay nada, es sólo un método propagandístico que sirve para “legitimar” ante la opinión pública la barbarie que se desata desde el poder establecido con la guerra contrainsurgente.
Si verdaderamente se quisiera detener y castigar a los narcotraficantes y sus albaceas, posiblemente veríamos tras las rejas a muchos altos funcionarios de Colombia, México y, sobre todo, de Estados Unidos.
Igual, irían a parar a las cárceles varios militares de alto rango, empresarios y ejecutivos de las transnacionales… Bueno, hasta “Chespirito”, el payaso consentido del cartel de Cali, tendría que dar explicaciones sobre sus narcoshows.
El sesgo político de la “guerra contra las drogas” lo reflejan los propios funcionarios estadounidenses. Por ejemplo, George W. Bush declaró recientemente que: "Venezuela (…) ha fracasado demostrablemente en cumplir con su obligación bajo acuerdos antinarcóticos internacionales y en cumplir acciones decretadas por leyes estadunidenses”. (La Jornada 18/09/2007)
La subsecretaria asistente de la DEA para asuntos internacionales en materia de narcóticos del Departamento de Estado, Christy McCampbell, fue más lejos aún: “Gobiernos como el de Bogotá están haciendo lo mejor que pueden para mantener la coca y la cocaína fuera de nuestro país”. Y sobre el gobierno mexicano: “ciertamente, el presidente Uribe ha... perdón, perdón, el presidente Calderón … ha hecho una excelente labor con su (lucha) antidrogas (...) está poniendo ahí sus tropas, ha realizado algunas detenciones enormes y grandes confiscaciones”. (La Jornada 18-09- 2007)
Las declaraciones del experto paramilitar y encargado por el gobierno estadounidense para América Latina, John Dimitri Negroponte, completan el panorama: “Lo que está en juego para nosotros es mucho más que la economía doméstica; es el éxito de una visión positiva para las Américas (…) lo que refleja nuestro interés nacional más básico de paz y prosperidad, y una visión que se ha convertido en una fuerza de unidad” ; después elogió la política paramilitar del gobierno colombiano, y señaló que los gobiernos de la región incondicionales a la Casa Blanca “Han abrazado la libertad política y económica como un camino hacia la justicia social, la prosperidad y la reconciliación”. (La Jornada 20/09/2007).
Pues el concepto de “Justicia Social” tampoco se escapó de la prostitución lingüística practicada por el actual gobierno de EE UU. Las enredadas declaraciones de estos funcionarios yanquis sólo confirman que están explorando nuevas formas de nombrar la injerencia y la invasión: Y Claro, si el original es falso la copia no tiene calificativo que alcance. Las palabras de Medina Mora para tejer la complicada red entre narcotráfico- guerrilla - movimiento social, sólo reflejan la desesperación de un gobierno que pide a gritos la intervención estadounidense para aplastar el descontento social que la oligarquía a la que representa ha generado.
La política intervencionista gringa cuenta con millones de dólares de respaldo; a muchos funcionarios y militares de alto rango del gobierno mexicano les atrae la idea de hacerse multimillonarios colaborando con la entrega de la soberanía nacional a los Estados Unidos. Puede ser que su plan resulte y sus finanzas privadas engorden espectacularmente, pero el costo político es muy alto. Ya se sabe que eso no les importa, pero al pueblo sí. Y es ese pueblo el que, a final de cuentas, construye la historia.
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