miércoles, 2 de febrero de 2011

Por fin...



Exigen a Fortuño cese el atropello contra los derechos de expresión

por  Redacción de Diálogo


Sobre 50 directores ejecutivos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), exhortaron a las autoridades gubernamentales puertorriqueñas a que revise su política antidemocrática de reprimir la disidencia y los  derechos de expresión.
El llamado público que realizó esta organización que se ha distinguido por defender las libertades civiles y derechos humanos de los ciudadanos de Estados Unidos,  fue dado a conocer ayer durante una asamblea que celebró la entidad en Las Vegas, Nevada con todos los directores ejecutivos de la ACLU.
“Respetuosamente exigimos que el Gobernador de Puerto Rico cese de utilizar la fuerza bruta policial del estado para intimidar y agredir manifestantes que protestan contra la política actual de su administración”, lee el comunicado circulado entre los medios de comunicación.
“Que cese de utilizar lenguaje inflamatorio que no conduce a nada positivo y que por lo contrario crea peligrosa división entre la ciudadanía, tal como el decir que su gobierno no permitirá manifestaciones de la extrema izquierda en la Universidad de Puerto Rico”, agrega.
Los firmantes de la misiva solicitan además al gobernador Luis Fortuño que cese de utilizar la fuerza bruta policial para reprimir el deseo de la ciudadanía de expresar sus quejas y agravios frente a edificios públicos y que procure legislar para extender mayores protecciones constituciones y no firmar legislación que lo único que busca es limitar el derecho de expresión del pueblo contra intereses privados.
Asimismo, requieren que se  detenga la violencia y detenciones ilegales contra miembros de la prensa que cubren las manifestaciones públicas.
“Hacemos un llamado contundente al Gobernador de Puerto Rico a los efectos que pare de inmediato la violencia de estado contra ciudadanos que lo único que buscan es expresar sus quejas y agravios, tal y como le garantiza la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico y la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Nos preocupa sobre manera que en Puerto Rico, los cuerpos policíacos están siendo utilizados como policía política, una práctica extremadamente peligrosa”, denuncian.
Finalmente, instan al Gobernador a que cese la violencia y arrestos infundados y abusivos contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
Subscriben la declaración  Andrew Scheider, director ejecutivo de la ACLU en Connecticutt;  Donna Leiberman, de New York; Nsombi Lambright, de Mississippi; Hector Villaga y Abdi Sotani, de California; Peter Simonson, de Nuevo México; Charles Samuelson, de Minnesota; Brenda Jones, de Missouri; Linda Burt, de Wyoming; Gilbert Holmes, de Indiana; Alexandra Soler-Meetze, de Arizona y William Ramírez, director Ejecutivo de ACLU en Puerto Rico, entre otros representantes de los 50 estados de Estados Unidos.